Chile debate aplazar Ley 21.719 mientras ANCI prepara multas de hasta 40.000 UTM

El panorama regulatorio en Chile enfrenta una semana decisiva tras el avance en el Senado de un proyecto que busca postergar la entrada en vigor de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales hasta octubre de 2027, al tiempo que se consolida el régimen sancionatorio más estricto de la región bajo la Ley Marco de Ciberseguridad.

En los últimos días, el ecosistema legal y tecnológico nacional ha centrado su atención en el Congreso. La propuesta legislativa pretende mover el tablero operativo, trasladando la fecha de cumplimiento obligatorio desde el 1 de diciembre de 2026 hacia el 15 de octubre del año siguiente. Sin embargo, los expertos advierten que este posible respiro no debe traducirse en inacción, especialmente considerando que la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) ya está estructurando los reglamentos que regirán a los Operadores de Importancia Vital (OIV) y Prestadores de Servicios Esenciales con multas que superan los niveles vistos anteriormente en Latinoamérica.

Nueva prórroga legislativa: ¿Oxígeno o riesgo para las empresas?

El estado actual de la Ley 21.719

Recientemente, el Senado avanzó artículo por artículo en la discusión que trasladaría la vigencia de la nueva normativa de datos. Si bien el cambio busca facilitar la adecuación de las organizaciones, el impacto económico de no cumplir sigue siendo una amenaza latente para la sostenibilidad del negocio. Hasta que no se publique formalmente la modificación en el Diario Oficial, el plazo legal vigente continúa siendo diciembre de 2026.

• Multas Máximas: La normativa contempla sanciones de hasta 20.000 UTM (aprox. US$1,55 millones) o entre el 2% y el 4% de los ingresos anuales de la compañía en casos de reincidencia gravísima.
• Periodo de advertencia: La nueva propuesta parlamentaria ampliaría a todas las entidades la posibilidad de recibir una amonestación escrita en lugar de multa durante el primer año, una medida que busca fomentar la cultura de cumplimiento antes que la recaudación.

La ANCI y el régimen de ciberseguridad más severo de Latinoamérica

Paralelamente a la protección de datos, la Ley 21.663 (Ley Marco de Ciberseguridad) está en plena fase de implementación regulatoria. En los últimos días, se han detallado los reglamentos secundarios para la certificación de modelos de prevención y la notificación de incidentes. Chile se posiciona así con el régimen sancionatorio más robusto del continente.

Bajo este marco, las empresas designadas como Operadores de Importancia Vital enfrentan multas de hasta 40.000 UTM por infracciones gravísimas. Un punto crítico es el tiempo de respuesta: la falta de notificación de un incidente de ciberseguridad dentro del plazo legal de solo tres horas se considera una conducta de alto riesgo que activa de inmediato la fiscalización de la ANCI.

Lecciones globales: El caso Xandr y la protección de datos sensibles

La urgencia de una gobernanza robusta se refleja en eventos internacionales recientes. La autoridad de protección de datos de Noruega impuso esta semana una multa récord de €8,6 millones a Xandr (subsidiaria de Microsoft) por el procesamiento ilícito de datos sensibles en subastas publicitarias. Este caso demuestra que la falta de una base jurídica sólida (según el Artículo 6 del GDPR) y el tratamiento de datos que revelan orientación sexual o salud sin consentimiento explícito son hoy los mayores disparadores de sanciones multimillonarias.

Similarmente, en Italia se aplicó una sanción de €7 millones a una entidad por el manejo inadecuado de una base de datos médicos de un millón de personas. Estos precedentes subrayan que las empresas en Chile deben revisar no solo sus brechas de seguridad, sino la legitimidad y finalidad original de cada base de datos que poseen.

Conclusión

Aunque Chile podría otorgar un año adicional de preparación para la Ley de Protección de Datos, la presión regulatoria de la ANCI y la Ley Marco de Ciberseguridad no dará tregua. La tendencia global muestra que las autoridades ya no solo sancionan la pérdida de datos, sino el uso indebido de los mismos y la falta de transparencia en la comunicación de crisis. La gobernanza de datos ha dejado de ser un tema puramente técnico para convertirse en un pilar de cumplimiento legal y financiero.

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• IA y Automatización: Implementación de sistemas de monitoreo y reporte automático de incidentes para cumplir con el plazo de 3 horas.

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