Uber y Google reciben multas por US$1.412 millones y la UE redefine los plazos del GDPR

El ecosistema global de cumplimiento ha vivido una semana sísmica con sanciones que suman US$2.000 millones en multas regulatorias solo durante el tercer trimestre, destacando golpes financieros directos contra Uber y Google por vulneraciones críticas a la privacidad.
Mientras las grandes tecnológicas enfrentan las consecuencias de investigaciones de largo aliento, los reguladores europeos avanzan en una reconfiguración de las reglas del juego. La propuesta de un nuevo “Digital Omnibus” y las recientes directrices del Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) marcan un cambio de paradigma hacia la proporcionalidad, pero con una fiscalización más estricta sobre la automatización y la geolocalización.
Sanciones históricas: Uber y Google en el ojo del huracán
Decisiones automatizadas y rastreo bajo sospecha
Recientemente se reveló que el tercer trimestre ha sido uno de los más agresivos en términos de ejecución regulatoria, con 25 multas superiores al millón de dólares. Dos casos emblemáticos dominan la escena internacional por su impacto en el modelo de negocios digital:
- Uber (€825 millones): La autoridad de los Países Bajos impuso esta histórica sanción tras detectar que la plataforma utilizaba sistemas automatizados para suspender cuentas de conductores sin una revisión humana adecuada, vulnerando el derecho fundamental a la intervención no algorítmica.
- Google (€403 millones): Tras una investigación de seis años en Irlanda, el gigante tecnológico fue multado por sus prácticas de seguimiento de ubicación, reafirmando que el consentimiento debe ser explícito y granular para este tipo de datos sensibles.
El nuevo "Digital Omnibus": Hacia las 96 horas de reporte
En los últimos días, el Consejo de la UE ha acordado una propuesta normativa que busca simplificar el cumplimiento del GDPR para las empresas. El cambio más significativo es la extensión del plazo para notificar brechas de seguridad. Actualmente, las organizaciones cuentan con 72 horas; la nueva propuesta busca ampliar este margen hasta las 96 horas en incidentes que representen un alto riesgo para las personas.
Este cambio, aunque parece un alivio administrativo, viene acompañado de una mayor exigencia en la calidad de la evaluación del riesgo inicial. Para las empresas en Chile con operaciones en el extranjero, este ajuste obligará a reescribir sus manuales de respuesta a incidentes (IRP) para alinearse con los nuevos estándares de reporte transfronterizo.
EDPB y los 5 pasos para la determinación de multas
Para evitar la arbitrariedad en las sanciones, el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) ha puesto en consulta pública un nuevo marco de cinco pasos. Este esquema busca que las autoridades analicen la base legal, la negligencia, la intencionalidad y la proporcionalidad antes de emitir una multa. Curiosamente, se establece que las infracciones menores deberían resolverse con reprimendas, reservando el músculo financiero para casos de negligencia grave.
Sin embargo, esto no disminuye el riesgo para las Pymes. Recientemente en Rumania, un conductor independiente fue multado con €1.000 por publicar datos de un cliente en redes sociales. Esto demuestra que el cumplimiento no es solo para corporaciones, sino una responsabilidad individual de cualquier persona que maneje bases de datos.
Conclusión
El panorama del cumplimiento digital está madurando. Por un lado, vemos multas de escala industrial que castigan el uso irresponsable de la IA y el rastreo de datos; por otro, una flexibilización operativa en los plazos de reporte para permitir respuestas más precisas. Para las empresas chilenas que miran hacia mercados internacionales o que se preparan para el pleno vigor de la Ley 21.719 en diciembre, la lección es clara: la gobernanza de datos debe ser técnica, pero también humana, especialmente cuando hay decisiones automatizadas de por medio.
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